¡¡Muchas Felicidades!!

Según aviso publicado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se ha detectado una campaña de distribución de malware mediante phishing, que suplanta a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). El correo electrónico fraudulento informa al destinatario que puede descargar un archivo adjunto con su identificación y certificado de su NIF. Sin embargo, este archivo contiene en realidad un ejecutable que aparenta ser un archivo .iso, pero en realidad es un archivo ejecutable que contiene código malicioso.

En estos casos se recomienda marcarlo como spam y eliminarlo de la bandeja de entrada.

Para el caso de que se haya descargado el archivo pero no se haya ejecutado, ir a la carpeta de descarga y eliminarlo directamente.

Más complicado cuando se trata del caso de haber ejecutado el archivo, en cuyo caso, el dispositivo puede estar infectado.

En este caso recomendamos dirigirse a la página de INCIBE, cuya dirección se indica a continuación:

https://www.incibe.es/ciudadania/avisos/distribucion-de-malware-mediante-la-suplantacion-de-la-fabrica-nacional-de-moneda

El equipo de profesionales de Gabela Consultores le atenderá en cualquier cuestión relacionada con este asunto.

A partir de la publicación de este Real Decreto empieza a computar los plazos para la implantación de la factura electrónica, impulsada por la Ley Crea y Crece para facilitar la creación de empresas, luchar contra la morosidad comercial e impulsar el crecimiento de las pymes.

Entre los objetivos que se pretenden con la implantación de la factura electrónica cabe destacar:

1. a) Reforzar la obligación de emitir factura de todas las operaciones que realizan empresarios y profesionales.

1. b) Conseguir que todas las operaciones que se realicen se graben en el sistema informático de manera segura, no manipulable, accesible y con una estructura y formato estándares para facilitar la legibilidad de los registros, el análisis automatizado y la simultánea remisión a la Administración tributaria.

1. c) Incentivar al consumidor final para que solicite los comprobantes de sus operaciones.

1. d) Garantizar la integridad, la autenticidad y la trazabilidad de los datos registrados, dificultando la falsificación de los registros de facturación mediante el uso de elementos de seguridad y control en los registros informáticos y en las facturas.

1. e) Contribuir a una mayor igualdad ante la ley y a un reforzamiento de los principios de equidad y capacidad contributiva en el reparto de las cargas tributarias.

1. f) Conseguir una mayor eficacia en la comprobación tributaria de los órganos que tienen asignada esa competencia.

1. g) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tal y como se ha constatado en aquellos países en que se ha implantado la obligación de remisión de los datos de forma previa, inmediata o posterior al momento de realización de las operaciones.

En cuanto a su implantación obligatoria, el plazo varía en función del volumen de facturación, contando los plazos a partir de la entrada del reglamento específico de la factura electrónica:

• Empresas que facturen más de 8 millones de euros, 1 año
• Empresas que facturen menos de 8 millones de euros, 2 años
• Autónomos, 3 años.

Comentar finalmente, en lo referente al régimen sancionador que todas las empresas deberán cumplir con la obligación de las facturas electrónicas y cumplir los requisitos legales o podrán enfrentarse a sanciones que van desde el apercibimiento a multas de hasta 10.000 euros.

Cabe destacar entre otras propuestas las siguientes:

• Reducción o eliminación de los pagos en efectivo, fomentando el pago por medios electrónicos de forma que todos los medios electrónicos de pago deben ser objeto de declaración periódica a la AEAT
• Propuestas de reforma en algunos impuestos como el IVA y el IRPF, de forma que se propone la eliminación del tradicional régimen de módulos, que favorece la existencia de nidos de fraude a través de la emisión de facturas falsas o medidas destinadas a prevenir devoluciones por cuotas soportadas en operaciones sin ingreso del IVA repercutido.
• Para el procedimiento inspector y sancionador, se propone establecer la obligación de conservar determinada información tasada en un lugar de libre acceso a la Administración previamente determinado por el contribuyente.
• Nuevas facultades de investigación para la inspección, como actuaciones sin conocimiento del obligado tributario o el pago a confidentes para denuncia de delitos.
• Procedimiento especial de inspección para la investigación de los fraudes más graves de forma que deben suponer una especie de “muerte civil” por conductas habituales en este tipo de contribuyentes como son la incomparecencia en los procedimientos tributarios o conductas defraudadoras repetitivas, como se pone de manifiesto par parte de emisores de facturas falsas. Esta “muerte civil” también debe afectar a los supuestos graves de fraude en la fase de recaudación, de forma que conlleve la revocación del NIF y en consecuencia:
  • Imposibilidad de expedir facturas.
  • Imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
  • Cierre total de la operativa financiera.

En consecuencia, las medidas planteadas van encaminadas principalmente a fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes así como propuestas para el control efectivo del fraude intensificando el control y abuso por parte de los defraudadores.

Como en años anteriores, la Agencia Tributaria en 2022 vuelve a centrar su atención autónomos y los software de doble uso.

 Los puntos fundamentales de esta resolución son:

• Información y asistencia al contribuyente

• Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude. Se incide en este punto en el cumplimiento de presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas, así como en el fomento de la educación cívico-tributaria que permita “avanzar en el desarrollo de acciones en el ámbito educativo que fomenten un mejor entendimiento de la necesidad de que toda la sociedad contribuya al sostenimiento del bien común”

• La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero. “Se pretende así consolidar nuevas técnicas de trabajo, más eficientes y menos gravosas para el obligado tributario, que aúnen la asistencia y el control, favoreciendo que sean las decisiones voluntarias de los propios contribuyentes adoptadas con la debida información, y no necesariamente los procedimientos administrativos, las que determinen su mejora en el cumplimiento fiscal.”

• El control del fraude en fase recaudatoria. “Las líneas básicas de actuación del área de Recaudación para el año 2022 continuarán plasmándose en estas directrices generales bajo dos grandes objetivos a perseguir: por una parte, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de las actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes y, por otra, la lucha contra el fraude fiscal”

Se priorizarán las siguientes líneas de actuación en el ámbito recaudatorio con medidas de prevención y control del fraude fiscal:

1. Mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio
2. Persecución del delito contra la Hacienda Pública y contrabando
3. Adopción de derivaciones de responsabilidad
4. Adopción de medidas cautelares
5. Presencia de los funcionarios de Recaudación
6. Medidas específicas para la persecución del fraude recaudatorio

• La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas. “Se fomentará igualmente la transmisión periódica a la Agencia Tributaria de la información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos cedidos gestionados por las Comunidades, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los tributos estatales sobre el juego gestionados por las Comunidades Autónomas por delegación del Estado, dado que dicha información pone de relieve la existencia de otros posibles hechos imponibles, especialmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio”.

El seguro de convenio colectivo obligatorio cubre a todos los trabajadores que estén dados de alta en el TC2, con independencia de cuántos trabajadores haya en la empresa cuando se contrate el seguro de convenio, de forma que la póliza se actualiza anualmente según el número medio anual de trabajadores real de la empresa a lo largo de ese período.

En cuanto a la cobertura de la póliza, será el propio convenio el que establece las garantías y capitales asegurados, generalmente por accidente y/o fallecimiento del trabajador, así como las indemnizaciones correspondientes.

No obstante, y aun cuando el convenio de aplicación en la empresa no recoja la obligatoriedad del mismo, para el caso de que se produzca una eventualidad puede llegar a afectar a la estabilidad financiera de la empresa, ya que sería la propia entidad la obligada al abono de dicha indemnización si no tiene contratado el seguro, siendo responsables civiles subsidiarios los administradores de la compañía.

Indicar finalmente, que la falta de contratación del Seguro de Accidentes de Convenio obligatorio supone un incumplimiento de las obligaciones de la empresa con sus trabajadores, llegando, incluso, a poder ser considerado como una falta muy grave, con multas de entre 6.000 euros a 187.000 euros.

En Gabela Consultores contamos con un equipo de profesionales de Recursos Humanos que le asesorará en esta materia, pudiendo contactar para cualquier consulta a través de nuestra web o mail de contacto.

Por consiguiente no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Así mismo se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Finalmente, se modifica la regulación del procedimiento sancionador del régimen de limitaciones de pago en efectivo con diversos objetivos:

• Adecuarlo a las vigentes Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• El inicio del procedimiento sancionador, al igual que sucede en el ámbito tributario, corresponda al órgano que instruye el procedimiento, para que cuando este disponga de todos los elementos necesarios pueda incorporar la propuesta de resolución al inicio del procedimiento.

Puede acceder al texto íntegro en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473