Esta subida supondrá que más de dos millones y medio de trabajadores que tomen como referencia el SMI, vean incrementados sus ingresos brutos, con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero.

Así mismo, entre las novedades tributarias introducidas por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, se han introducido modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), que afecta a las retenciones de los rendimientos del trabajo.

En cuanto a la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, se modifica el artículo 20 de la LIRPF por el apartado Uno del artículo 59 de la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (LPGE para 2023), de modo que, se aumentan los importes que minorarán los rendimientos netos del trabajo aumentándose, asimismo, la cuantía por debajo de la cual se aplicará esta reducción.

Esta reducción se aplicará a los contribuyentes con rendimiento netos del trabajo inferiores a 19.747,50 euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo, superiores a 6.500 euros.

Las nuevas cuantías de la reducción son las siguientes:

• Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 14.047,50 euros: 6.498 euros anuales.

• Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 14.047,50 y 19.747,50 euros: 6.498 euros menos el resultado de multiplicar por 1,14 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 14.047,50 euros anuales.

Respecto a la obligación de declarar se modifica el apartado 3 del artículo 96 de la LIRPF por el apartado Dos del artículo 59 de la LPGE para 2023, de modo que, el límite excluyente de la obligación de declarar en el caso de percibir los rendimientos del trabajo previstos en el artículo 96.3 de la LIRPF (los que procedan de más un pagador con las excepciones señaladas en dicho artículo; pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas; en los casos en que el pagador no esté obligado a retener o cuando sean rendimientos sujetos a tipo fijo de retención) se eleva a 15.000 euros (con anterioridad el límite era de 14.000 euros).

Determinación del tipo de retención. Se modifica la disposición adicional cuadragésima séptima de la LIRPF por el apartado Tres y Cuatro del artículo 59 de la LPGE para 2023, de modo que, para determinar el tipo de retención o ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo, se distinguen dos situaciones:

• A los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen durante el mes de enero de 2023 y a los que resulte de aplicación el procedimiento general de retención (arts. 80.1.1º y 82 del RIRPF) se aplicará la normativa vigente a 31 de diciembre de 2022.

• A los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de 2023, siempre que no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deberá calcular el tipo de retención conforme a la normativa vigente a partir de 1 de enero de 2023, practicándose la regularización del mismo si procede en los primeros rendimientos del trabajo que satisfaga o abone.

Por consiguiente, la base que se toma referencia para las prestaciones derivadas de las cotizaciones, tales como enfermedad o jubilación, vendrán dadas por los rendimientos de la actividad que ser realice.

No obstante, hasta el próximo 30 de septiembre se permite elegir una base de cotización por encima de los rendimientos reales, permitiendo esta “sobrecotización” una mejora de las prestaciones, en su caso. Es importante resaltar que esta base elegida se puede mantener en el tiempo, aún cuando los rendimientos disminuyesen.

En este mismo sentido, aquellos trabajadores autónomos que no opten por esta vía, tendrán una base de cotización acorde a sus rendimientos, sin posibilidad de cotizar por encima de ellos de cara a una posible eventualidad.

Para cualquier aclaración o asesoramiento al respecto, cuenta con el equipo de Gabela Consultores que le ayudará en elegir la mejor opción.

Cabe destacar como aspectos más significativos los siguientes:

• La base de cotización, y en consecuencia la cuota correspondiente de autónomo se corresponderá con los rendimientos netos, los cuales se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo.

• Se habilita así un sistema que permite a los autónomos cambiar su cuota en función de su previsión de rendimientos netos hasta seis veces al año, procediéndose a regularizar las cotizaciones a final de año en función de los rendimientos reales.

• Se fijan cuotas mensuales a la Seguridad Social para los próximos tres años irán desde los 230 euros al mes a los 500 euros al mes en 2023 y de los 200 euros al mes a los 590 euros al mes en 2025. Detalle de las bases y cuotas por tramos:

• Se fija una cuota bonificada para los nuevos autónomos de 80 euros durante doce meses, extensible a otros doce meses adicionales cuando los ingresos netos siguen siendo bajos

• Así mismo se amplían las modalidades del cese de actividad para mejorar la cobertura de distintas contingencias, como en caso de una interrupción solo parcial de la actividad, y se adapta a los autónomos la protección que proporciona a los asalariados el mecanismo RED establecido en la reforma laboral para situaciones de crisis cíclicas o sectoriales.

Por consiguiente habrá que prepararse para un otoño convulso en este sentido y un inicio de año con aplicación de novedades importantes para los autónomos en cuanto a su régimen de cotización.

El seguro de convenio colectivo obligatorio cubre a todos los trabajadores que estén dados de alta en el TC2, con independencia de cuántos trabajadores haya en la empresa cuando se contrate el seguro de convenio, de forma que la póliza se actualiza anualmente según el número medio anual de trabajadores real de la empresa a lo largo de ese período.

En cuanto a la cobertura de la póliza, será el propio convenio el que establece las garantías y capitales asegurados, generalmente por accidente y/o fallecimiento del trabajador, así como las indemnizaciones correspondientes.

No obstante, y aun cuando el convenio de aplicación en la empresa no recoja la obligatoriedad del mismo, para el caso de que se produzca una eventualidad puede llegar a afectar a la estabilidad financiera de la empresa, ya que sería la propia entidad la obligada al abono de dicha indemnización si no tiene contratado el seguro, siendo responsables civiles subsidiarios los administradores de la compañía.

Indicar finalmente, que la falta de contratación del Seguro de Accidentes de Convenio obligatorio supone un incumplimiento de las obligaciones de la empresa con sus trabajadores, llegando, incluso, a poder ser considerado como una falta muy grave, con multas de entre 6.000 euros a 187.000 euros.

En Gabela Consultores contamos con un equipo de profesionales de Recursos Humanos que le asesorará en esta materia, pudiendo contactar para cualquier consulta a través de nuestra web o mail de contacto.

Con la entrada en vigor de este Real decreto, se persigue la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva entre mujeres y hombres, así como establecer el principio de igual retribución por trabajo de igual valor en los términos establecidos en el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Todas las empresas deberán tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos.

El nuevo Real Decreto, fija los mecanismos  para identificar la discriminación salarial, bajo el principio de transparencia retributiva. Para ello utiliza los registros retributivos, la auditoría retributiva y el sistema de valoración de puestos de trabajo

Para empresas de más de 50 trabajadores, además es de obligado cumplimiento, la elaboración de Planes de Igualdad.

Se establece un régimen sancionador por no cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación, que pueden oscilar entre los 626€ y los 6.250€

Así mismo tiene la consideración de infracción muy grave el hecho de no elaborar o no aplicar el plan de igualdad, lo que puede conllevar sanciones económicas que pueden ir desde los 6.251€ a los 187.515€.

En concreto, La Disposición final duodécima, contiene previsiones dirigidas a garantizar la eficacia de las medidas establecidas para los centros de trabajo en el artículo 7 de dicho texto legal. Tal precepto establece que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, los titulares de las empresas o, en su caso, los directores de centros y entidades deberán adoptar una serie de medidas para la protección de las personas trabajadoras y la prevención del contagio en los centros de trabajo.

Se añaden tres nuevos apartados, 4, 5 y 6, al artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con la siguiente redacción:

«4. Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras. Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.

5. El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá conforme al procedimiento especial previsto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, o en la normativa autonómica de aplicación.

6. El régimen previsto en los apartados 4 y 5 se podrá adaptar en lo que las comunidades autónomas determinen dentro de su ámbito de competencias.»

En la práctica, faculta a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los funcionarios habilitados por las Comunidades Autónomas (en su papel de  colaboración pericial y asesoramiento técnico a la Inspección)  para realizar labores de vigilancia y control sobre la aplicación de medidas sanitarias COVID19, extendiendo actas de infracción en su caso, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las siguientes medidas de salud pública: 

1. Adopción de medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos establecidos.
2. Puesta a disposición de agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para la limpieza de manos.
3. Adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre trabajadores. Cuando no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
4. Adopción de medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes/usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. 

La calificación del incumplimiento de estas medidas como infracción grave, conlleva que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Todo lo anterior podría suponer la imposición de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por importes desde 2.046 a 40.985 euros.

Para cualquier aclaración al respecto, Gabela Consultores cuenta con un equipo multidisciplinar que podrá asesorarle en esta materia.

El mismo se divide en tres apartados:

• Prevención de riesgos laborales. protección de la salud de las personas trabajadoras, en el que se analiza la paralización de la actividad por decisión de la empresa, la paralización de la actividad por decisión de las personas trabajadoras y las medidas preventivas.
• Normativa laboral, que incluye temas como el teletrabajo como medida organizativa, la  suspensión total o parcial de la actividad por expediente de regulación de empleo y la suspensión total o parcial de la actividad sin tramitación de un expediente de regulación de empleo.
• Emergencia de protección civil

Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace: http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf

Según explicaron fuentes del Ministerio a Europa Press, al igual que en campañas anteriores, los informes se remitirán en papel al domicilio del trabajador si no consta en la base de datos su teléfono móvil.

Para aquellos que si hayan informado sobre su teléfono móvil, recibirán la notificación a través de un mensaje sms.

Es importante comprobar la información suministrada ya que puede ser relevante a la hora de recibir prestaciones por cualquier motivo, así como para el cómputo de periodos de jubilación.

Para cualquier información, Gabela Consultores cuenta con su equipo de recursos humanos que puede solventar las dudas al respecto.

En este sentido, dicho organismo está remitiendo cartas personalizadas, informando de esta circunstancia, indicando aquellos trabajadores que se encuentran en esta situación e instando a la regularización, en su caso, de las jornadas en las que haya podido darse estos desajustes entre la jornada declarada y la efectivamente realizada.

Así mismo se informa a las empresas, de que aquellos contratos de los que no se produzca regularización de jornada y cotización, podrán ser objeto de la correspondiente actuación inspectora.

Si recibe alguna comunicación en este sentido, no dude en contactar con el departamento de Recursos Humanos de Gabela Consultores, donde podemos informarle y asesorarle en esta materia.

• Contenido del registro de jornada.
• Conservación del registro de jornada.
• Organización y documentación del Registro.

Puede consultar el documento en el siguiente enlace: http://documentacion.eu/inspeccion-de-trabajo/registro-de-jornada-criterio-tecnico-101-2019-inspeccion-de-trabajo.pdf