¡¡Muchas Felicidades!!

En este sentido, el pasado 16 de diciembre, la propia Agencia tributaria emitió una comunicación informando de sobre este intento de fraude.

Los intentos de engaño hacen referencia a supuestos reembolsos o devoluciones de impuestos, mediante envíos de comunicaciones masivas por correo electrónico en los que se suplanta la identidad e imagen de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o bien la identidad de su personal directivo. Con frecuencia, los intentos de fraude hacen referencia a una supuesta información que imposibilita el envío de la devolución de la campaña de Renta y suplanta la imagen de la Agencia Tributaria.

En estos envíos de correos fraudulentos, conocidos como “phishing”, se hace referencia a un reembolso de impuestos inexistente en la que la persona receptora del e-mail sale beneficiada. Para poder disponer del dinero hay que acceder a una dirección web o rellenar un formulario en los que se deben aportar datos de cuentas bancarias o tarjetas de crédito o débito.

El objetivo de los delincuentes es robar a la víctima datos personales o bancarios, ya sea remitiéndole a una página web falsa que suplanta a la de la Agencia Tributaria o haciéndole descargar ficheros con virus.

A continuación indicamos como detectar si el correo supuestamente recibido de la Agencia Tributaria puede tratarse de un intento de phishing:

1. El correo tipo que se está recibiendo es como el que se indica a continuación:

2. Si se sitúa encima de los hipervínculos (resaltados con *), debe dirigirse a una dirección de la AEAT. En caso contrario podría tratarse de un intento de phishing.

Si este es su caso, no atienda estos mensajes, es un intento de fraude suplantando la imagen de la Agencia Tributaria.

Para cualquier duda en este sentido, puede dirigirse a nuestro departamento jurídico para que le asesore en esta materia.

Para entender mejor esta situación, nos remitimos a la definición de cártel que recoge tanto la Ley de la Competencia, como la Directiva Europea en este sentido: “«cártel»: es todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales” 

Por consiguiente se trata de acuerdos comerciales encaminados a un control cuasi monopolístico del mercado que va en contra de los principio de la libre competencia, lo que conllevó un sobreprecio en perjuicio de los consumidores.

El mercado afectado en dicho expediente sancionador es el de la distribución y comercialización de los vehículos automóviles en España por parte de las principales marcas presentes en el territorio español. En concreto, según la citada resolución, el total la cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador estaría en torno al 91% de la distribución de los vehículos automóviles en España, en el que se incluyen la práctica totalidad de marcas generalistas.

Indicar finalmente que las reclamaciones han de realizarse con celeridad a fin de que no se vean afectadas por los  plazos de prescripción. Es importante conocer que junto con la demanda es imprescindible la presentación de un informe pericial que cuantifique el daño ocasionado.

El equipo jurídico de nuestro despacho le facilitará cualquier aclaración al respecto a fin de ver si puede ser objeto de reclamación y el procedimiento a llevar a cabo.

Por consiguiente no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Así mismo se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Finalmente, se modifica la regulación del procedimiento sancionador del régimen de limitaciones de pago en efectivo con diversos objetivos:

• Adecuarlo a las vigentes Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• El inicio del procedimiento sancionador, al igual que sucede en el ámbito tributario, corresponda al órgano que instruye el procedimiento, para que cuando este disponga de todos los elementos necesarios pueda incorporar la propuesta de resolución al inicio del procedimiento.

Puede acceder al texto íntegro en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473

El mismo se divide en tres apartados:

• Prevención de riesgos laborales. protección de la salud de las personas trabajadoras, en el que se analiza la paralización de la actividad por decisión de la empresa, la paralización de la actividad por decisión de las personas trabajadoras y las medidas preventivas.
• Normativa laboral, que incluye temas como el teletrabajo como medida organizativa, la  suspensión total o parcial de la actividad por expediente de regulación de empleo y la suspensión total o parcial de la actividad sin tramitación de un expediente de regulación de empleo.
• Emergencia de protección civil

Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace: http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf

La cuestión es determinar si la cláusula es abusiva o no, y para ello, serán los bancos los que tendrán que demostrar que hubo transparencia y por consiguiente, que informaron a los  clientes antes de suscribir el préstamo de la evolución del tipo de referencia en los dos años anteriores al otorgamiento del contrato de préstamo, lo cual no es tarea fácil.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los juzgados españoles deben asegurar que ese indicador para calcular la cuota de la hipoteca se incluyó en el contrato de forma clara y comprensible, indicando en su caso, que ese índice pueda sustituirse por otro como el Euribor.

Los jueces españoles podrían declarar abusiva su aplicación en aquellos contratos hipotecarios en los que los bancos lo incluyeron sin explicar al cliente en qué consistía esta referencia y cuál era su método de cálculo.

En nuestro despacho contamos con un Departamento Jurídico experto en Derecho Bancario que puede asesorarle en los pasos a seguir y ayudarle a recuperar las cantidades pagadas de forma abusiva.