Para entender mejor esta situación, nos remitimos a la definición de cártel que recoge tanto la Ley de la Competencia, como la Directiva Europea en este sentido: “«cártel»: es todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales” 

Por consiguiente se trata de acuerdos comerciales encaminados a un control cuasi monopolístico del mercado que va en contra de los principio de la libre competencia, lo que conllevó un sobreprecio en perjuicio de los consumidores.

El mercado afectado en dicho expediente sancionador es el de la distribución y comercialización de los vehículos automóviles en España por parte de las principales marcas presentes en el territorio español. En concreto, según la citada resolución, el total la cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador estaría en torno al 91% de la distribución de los vehículos automóviles en España, en el que se incluyen la práctica totalidad de marcas generalistas.

Indicar finalmente que las reclamaciones han de realizarse con celeridad a fin de que no se vean afectadas por los  plazos de prescripción. Es importante conocer que junto con la demanda es imprescindible la presentación de un informe pericial que cuantifique el daño ocasionado.

El equipo jurídico de nuestro despacho le facilitará cualquier aclaración al respecto a fin de ver si puede ser objeto de reclamación y el procedimiento a llevar a cabo.