Según nota de prensa emitida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de fecha 20 de octubre de 2022, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha más de un centenar de comprobaciones inspectoras a 77 sociedades y 40 personas físicas vinculadas del sector de las franquicias de mensajería y paquetería tras la personación de más de 270 funcionarios de la Agencia en un total de 76 locales de este sector distribuidos en 14 Comunidades Autónomas.

Las inspecciones, que se desarrollarán en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, analizarán supuestos de actividad no declarada, pagos en “B” a trabajadores de las franquicias y la utilización de programas informáticos de ocultación de ventas para defraudar (software de «doble uso» que ya se ha detectado en algunas de las personaciones realizadas ayer), según manifiestan las mismas fuentes.

Con las personaciones realizadas ayer en los locales seleccionados, la Agencia ha logrado acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, al objeto de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas y, en su caso, confirmar la posible existencia de programas informáticos de ocultación de ventas y esquemas de facturación irregular.

Las actuaciones también se dirigen a personas del entorno societario y familiar de las sociedades inspeccionadas que presentan signos externos de riqueza no coherentes con las rentas que vienen declarando.

Recordar las líneas básicas de actuación del área de Recaudación para el año 2022 encaminadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de las actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes así como la lucha contra el fraude fiscal:

1. Mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio
2. Persecución del delito contra la Hacienda Pública y contrabando
3. Adopción de derivaciones de responsabilidad
4. Adopción de medidas cautelares
5. Presencia de los funcionarios de Recaudación
6. Medidas específicas para la persecución del fraude recaudatorio

Cabe destacar entre otras propuestas las siguientes:

• Reducción o eliminación de los pagos en efectivo, fomentando el pago por medios electrónicos de forma que todos los medios electrónicos de pago deben ser objeto de declaración periódica a la AEAT
• Propuestas de reforma en algunos impuestos como el IVA y el IRPF, de forma que se propone la eliminación del tradicional régimen de módulos, que favorece la existencia de nidos de fraude a través de la emisión de facturas falsas o medidas destinadas a prevenir devoluciones por cuotas soportadas en operaciones sin ingreso del IVA repercutido.
• Para el procedimiento inspector y sancionador, se propone establecer la obligación de conservar determinada información tasada en un lugar de libre acceso a la Administración previamente determinado por el contribuyente.
• Nuevas facultades de investigación para la inspección, como actuaciones sin conocimiento del obligado tributario o el pago a confidentes para denuncia de delitos.
• Procedimiento especial de inspección para la investigación de los fraudes más graves de forma que deben suponer una especie de “muerte civil” por conductas habituales en este tipo de contribuyentes como son la incomparecencia en los procedimientos tributarios o conductas defraudadoras repetitivas, como se pone de manifiesto par parte de emisores de facturas falsas. Esta “muerte civil” también debe afectar a los supuestos graves de fraude en la fase de recaudación, de forma que conlleve la revocación del NIF y en consecuencia:
  • Imposibilidad de expedir facturas.
  • Imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
  • Cierre total de la operativa financiera.

En consecuencia, las medidas planteadas van encaminadas principalmente a fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes así como propuestas para el control efectivo del fraude intensificando el control y abuso por parte de los defraudadores.

Como en años anteriores, la Agencia Tributaria en 2022 vuelve a centrar su atención autónomos y los software de doble uso.

 Los puntos fundamentales de esta resolución son:

• Información y asistencia al contribuyente

• Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude. Se incide en este punto en el cumplimiento de presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas, así como en el fomento de la educación cívico-tributaria que permita “avanzar en el desarrollo de acciones en el ámbito educativo que fomenten un mejor entendimiento de la necesidad de que toda la sociedad contribuya al sostenimiento del bien común”

• La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero. “Se pretende así consolidar nuevas técnicas de trabajo, más eficientes y menos gravosas para el obligado tributario, que aúnen la asistencia y el control, favoreciendo que sean las decisiones voluntarias de los propios contribuyentes adoptadas con la debida información, y no necesariamente los procedimientos administrativos, las que determinen su mejora en el cumplimiento fiscal.”

• El control del fraude en fase recaudatoria. “Las líneas básicas de actuación del área de Recaudación para el año 2022 continuarán plasmándose en estas directrices generales bajo dos grandes objetivos a perseguir: por una parte, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de las actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes y, por otra, la lucha contra el fraude fiscal”

Se priorizarán las siguientes líneas de actuación en el ámbito recaudatorio con medidas de prevención y control del fraude fiscal:

1. Mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio
2. Persecución del delito contra la Hacienda Pública y contrabando
3. Adopción de derivaciones de responsabilidad
4. Adopción de medidas cautelares
5. Presencia de los funcionarios de Recaudación
6. Medidas específicas para la persecución del fraude recaudatorio

• La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas. “Se fomentará igualmente la transmisión periódica a la Agencia Tributaria de la información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos cedidos gestionados por las Comunidades, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los tributos estatales sobre el juego gestionados por las Comunidades Autónomas por delegación del Estado, dado que dicha información pone de relieve la existencia de otros posibles hechos imponibles, especialmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio”.

Los grandes bloques que desarrolla en este informe cabe destacar:

• Control de grandes patrimonios
• Fiscalidad internacional
• Actuaciones sobre comercio electrónico
  • Descubrimiento de ventas ocultas
  • Entradas y registros con unidades de auditoría informática (UAI)
  • Actuaciones coordinadas
• Control de alquileres
• Proyecto de detección de facturación irregular

Respecto a este último punto, indicar que se ha desarrollado por parte de la AEAT un proyecto basado en la utilización de nuevas herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial, para ayudar en la búsqueda de emisores de facturas irregulares, es decir, facturas que no se corresponden con trabajos realmente realizados o con bienes entregados.

La lucha contra el fraude fiscal en el ámbito de la facturación irregular es uno de los objetivos de la Agencia Tributaria. Los motivos de los contribuyentes para cometer  este tipo de fraude son múltiples. Algunos de ellos son los siguientes:

• Simular gastos para reducir la cuota de IVA a ingresar, u obtener una devolución.
• Justificar artificialmente subvenciones.
• Organizar tramas con varias empresas involucradas que se benefician de esta facturación simulada.
• Simular una mejor cuenta de resultados de cara a obtener mejor financiación bancaria.

El proyecto desarrollado utiliza herramientas de inteligencia artificial para generar modelos predictivos que faciliten la detección de emisores y receptores de facturas irregulares. Estos modelos podrán apoyar al sistema tradicional de selección, contribuyendo a reforzar su efectividad.

Los objetivos principales del proyecto son:

• Reforzar la detección de fraude y luchar contra la competencia desleal de las empresas incumplidoras con respecto a las cumplidoras.
• Mejorar la eficiencia en el control, al ayudar a enfocar la actividad en los expedientes con mayor riesgo fiscal.

En este proyecto se ha trabajado con casos ya estudiados por el Área de Inspección en ejercicios anteriores. A partir de todos los datos disponibles, la herramienta informática genera un modelo que se puede utilizar para predecir la probabilidad de fraude en nuevos casos similares.

Se ha comprobado que las empresas que cometen este tipo de fraudes se agrupan en una serie de perfiles con algunas características comunes, por lo que es posible  generar modelos con una capacidad de acierto alta. Los modelos predictivos son algo vivo, que continuamente hay que recalcular con los resultados de los nuevos casos, por lo que este modelo de facturación irregular es una primera versión que periódicamente se modificará para mejorarlo.

El modelo desarrollado para la detección de facturación irregular no trata de sustituir a los actuales sistemas de selección basados en riesgos y en la experiencia de las actuaciones de control, sino que los complementa y facilita su labor.

Durante el año 2020 se completó la fase de desarrollo del modelo, y se calcularon los resultados del ejercicio 2018. Su resultado teórico en cuanto a capacidad de detección fue alto, por lo que se decidió pasar a la fase de explotación.

En 2021 se han puesto los resultados a disposición del Área de Inspección para sus actuaciones de control. Al mismo tiempo, se está reentrenando el modelo con más actas disponibles, y se están calculando los resultados del modelo para el ejercicio  2019.

Por consiguiente no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Así mismo se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Finalmente, se modifica la regulación del procedimiento sancionador del régimen de limitaciones de pago en efectivo con diversos objetivos:

• Adecuarlo a las vigentes Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• El inicio del procedimiento sancionador, al igual que sucede en el ámbito tributario, corresponda al órgano que instruye el procedimiento, para que cuando este disponga de todos los elementos necesarios pueda incorporar la propuesta de resolución al inicio del procedimiento.

Puede acceder al texto íntegro en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473