En concreto, La Disposición final duodécima, contiene previsiones dirigidas a garantizar la eficacia de las medidas establecidas para los centros de trabajo en el artículo 7 de dicho texto legal. Tal precepto establece que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, los titulares de las empresas o, en su caso, los directores de centros y entidades deberán adoptar una serie de medidas para la protección de las personas trabajadoras y la prevención del contagio en los centros de trabajo.

Se añaden tres nuevos apartados, 4, 5 y 6, al artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con la siguiente redacción:

«4. Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras. Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.

5. El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá conforme al procedimiento especial previsto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, o en la normativa autonómica de aplicación.

6. El régimen previsto en los apartados 4 y 5 se podrá adaptar en lo que las comunidades autónomas determinen dentro de su ámbito de competencias.»

En la práctica, faculta a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los funcionarios habilitados por las Comunidades Autónomas (en su papel de  colaboración pericial y asesoramiento técnico a la Inspección)  para realizar labores de vigilancia y control sobre la aplicación de medidas sanitarias COVID19, extendiendo actas de infracción en su caso, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las siguientes medidas de salud pública: 

1. Adopción de medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos establecidos.
2. Puesta a disposición de agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para la limpieza de manos.
3. Adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre trabajadores. Cuando no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
4. Adopción de medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes/usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. 

La calificación del incumplimiento de estas medidas como infracción grave, conlleva que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Todo lo anterior podría suponer la imposición de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por importes desde 2.046 a 40.985 euros.

Para cualquier aclaración al respecto, Gabela Consultores cuenta con un equipo multidisciplinar que podrá asesorarle en esta materia.

Ver la noticia completa: https://www.elconfidencial.com/economia/2019-09-30/golpe-fraude-despidos-improcedentes-hacienda-irpf-indemnizaciones-258_2261220/

En este sentido, dicho organismo está remitiendo cartas personalizadas, informando de esta circunstancia, indicando aquellos trabajadores que se encuentran en esta situación e instando a la regularización, en su caso, de las jornadas en las que haya podido darse estos desajustes entre la jornada declarada y la efectivamente realizada.

Así mismo se informa a las empresas, de que aquellos contratos de los que no se produzca regularización de jornada y cotización, podrán ser objeto de la correspondiente actuación inspectora.

Si recibe alguna comunicación en este sentido, no dude en contactar con el departamento de Recursos Humanos de Gabela Consultores, donde podemos informarle y asesorarle en esta materia.

• Contenido del registro de jornada.
• Conservación del registro de jornada.
• Organización y documentación del Registro.

Puede consultar el documento en el siguiente enlace: http://documentacion.eu/inspeccion-de-trabajo/registro-de-jornada-criterio-tecnico-101-2019-inspeccion-de-trabajo.pdf

Estas visitas que pueden culminar con la imposición de sanciones, se han producido a pesar de que desde Trabajo se trasladó que se iba a conceder cierta moratoria.

En el caso de que los expedientes abiertos desemboquen en sanción, el Decreto de Trabajo, de 12 de marzo, ha establecido que será grave y entrañará una multa de entre 626 y 6.250 euros por centro de trabajo.

Para cualquier duda en relación con la implantación del control horario de la jornada laboral, puede dirigirse al Departamento Laboral de Gabela Consultores, donde recibirán todo el asesoramiento que necesiten al respecto.