Para entender mejor esta situación, nos remitimos a la definición de cártel que recoge tanto la Ley de la Competencia, como la Directiva Europea en este sentido: “«cártel»: es todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales” 

Por consiguiente se trata de acuerdos comerciales encaminados a un control cuasi monopolístico del mercado que va en contra de los principio de la libre competencia, lo que conllevó un sobreprecio en perjuicio de los consumidores.

El mercado afectado en dicho expediente sancionador es el de la distribución y comercialización de los vehículos automóviles en España por parte de las principales marcas presentes en el territorio español. En concreto, según la citada resolución, el total la cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador estaría en torno al 91% de la distribución de los vehículos automóviles en España, en el que se incluyen la práctica totalidad de marcas generalistas.

Indicar finalmente que las reclamaciones han de realizarse con celeridad a fin de que no se vean afectadas por los  plazos de prescripción. Es importante conocer que junto con la demanda es imprescindible la presentación de un informe pericial que cuantifique el daño ocasionado.

El equipo jurídico de nuestro despacho le facilitará cualquier aclaración al respecto a fin de ver si puede ser objeto de reclamación y el procedimiento a llevar a cabo.

La cuestión es determinar si la cláusula es abusiva o no, y para ello, serán los bancos los que tendrán que demostrar que hubo transparencia y por consiguiente, que informaron a los  clientes antes de suscribir el préstamo de la evolución del tipo de referencia en los dos años anteriores al otorgamiento del contrato de préstamo, lo cual no es tarea fácil.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los juzgados españoles deben asegurar que ese indicador para calcular la cuota de la hipoteca se incluyó en el contrato de forma clara y comprensible, indicando en su caso, que ese índice pueda sustituirse por otro como el Euribor.

Los jueces españoles podrían declarar abusiva su aplicación en aquellos contratos hipotecarios en los que los bancos lo incluyeron sin explicar al cliente en qué consistía esta referencia y cuál era su método de cálculo.

En nuestro despacho contamos con un Departamento Jurídico experto en Derecho Bancario que puede asesorarle en los pasos a seguir y ayudarle a recuperar las cantidades pagadas de forma abusiva.

En la práctica, hasta ahora, cuando se realiza una compra on line, el comercio tenía que recurrir a una serie de intermediarios, como son las compañías de tarjetas de créditos. Con la nueva regulación, el consumidor simplemente podrá autorizar al comercio en cuestión para que realice pagos en su nombre.

En definitiva, mediante este sistema, habrá una interacción directa entre el banco del cliente y el comercio, en la que además del usuario y la contraseña con la que nos identificamos, la entidad nos va a pedir un elemento extra para confirmar que somos nosotros, como puede ser el envío de un código de validación a nuestro teléfono móvil vía SMS.

Se exigirá la doble autentificación para compras por internet, excepto los pagos inferiores a 30 euros, así como en los comercios tradicionales para pagos con tarjetas superiores a 50 euros.

No obstante, en muchos casos, se trata de sucesos acaecidos como consecuencia de actuaciones de terceros que provocan una merma en la cifra de negocio, en los resultados o en el propio patrimonio, tanto personal como empresarial.

Es entonces, cuando hay que considerar la posibilidad de que esta situación negativa sobrevenida proceda de actuaciones por incumplimiento, dolo o negligencia, contractual o no, de terceros, ya sean otras empresas, trabajadores o los propios accionistas.

En la mayoría de los casos el empresario puede entender el perjuicio causado que se aprecia de forma fácilmente visible, como son los daños causados por rotura de maquinaria, desaparición de fondos o cualquier otro perjuicio de carácter material. Es lo que correspondería con el daño emergente,  es decir, nos referimos en este caso  al daño o pérdida real y cuantificable sufrida.

Sin embargo, hemos de considerar otra figura, que aparece conjunta e inseparablemente en la mayoría de las ocasiones y que no es tenida en cuenta, por ser de más compleja cuantificación. Se trata del lucro cesante,  que es el perjuicio causado por las ganancias dejadas de percibir en el futuro, y que no se produciría caso de no haberse dado el hecho causante.

Este efecto indemnizatorio viene recogido en el art 1101 c.c. ”Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”

Por consiguiente, ante cualquier forma de daño patrimonial, consistente en la pérdida de una ganancia legítima presente o futura ha de considerarse la reclamación del resarcimiento de la misma por parte del causante.

En Gabela Consultores contamos con un equipo multidisciplinar compuesto por letrados y peritos económicos que podemos asesorarle en cualquier tipo de reclamación por pérdidas, así como conceptos indemnizables producidos por un daño emergente, así como la cuantificación del lucro cesante.

Julián Jiménez Padilla

Perito economista-forense

Las principales características son:

• Mayor protección para el cliente y aumento del papel de notario. El cliente dispondrá del contrato hipotecario con diez días de antelación para su estudio, viniendo el notario obligado a explicar con detalle las características del préstamo.
• Disminución de gastos para el cliente. Se distribuye los gastos de la constitución del préstamo, siendo por cuenta del banco los gastos a gestoría, notaría, IAJD y el registro, siendo por cuenta del cliente los gastos de tasación y copias de la escritura.
• Desaparece la cláusula suelo. En los nuevos contratos no aparecerá cláusula limitativa mínima de tipos de interés.
• Elección de tasador. El gasto de tasación la sigue asumiendo el cliente, que a cambio se reserva el derecho de elegir el tasador de la vivienda.
• Endurecimiento para los desahucios. Las condiciones para que el banco pueda optar por esta vía se incrementan, pasando que las cuotas impagadas deben superar el 3% del capital concedido o 12 cuotas mensuales si se produce en la primera mitad de vida de un préstamo, y el 7% del capital concedido o 15 cuotas mensuales si ocurre durante la segunda mitad.

En GABELA CONSULTORES contamos con un equipo de profesionales que puede ayudarle en cualquier asunto en materia hipotecaria y derecho bancario. Así mismo nuestro Departamento Jurídico le ayudará en la reclamación de cláusulas suelo así como de los gastos abusivos de su hipoteca.